Recomendaciones de políticas

España ha establecido un marco estratégico sólido y ambicioso para su transición energética, basado en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y en el PNIEC, y reforzado por la legislación reciente, en particular, el Real Decreto-ley 7/2026. Estos instrumentos establecen objetivos claros para la descarbonización, la electrificación, la seguridad energética, la asequibilidad y la resiliencia. El reto principal en la actualidad es lograr una implementación coherente en toda la economía. Los resultados dependerán de una ejecución oportuna, una coordinación eficaz y un seguimiento continuo en todos los sectores y niveles de gobierno. Dicha coordinación será esencial para mantener la confianza de los inversores, en particular, dada la magnitud de la movilización de capital privado prevista en el PNIEC; para mantener el respaldo social a la transición energética, sobre todo, cuando se requiera el desarrollo de infraestructuras y cambios de comportamiento, y para preservar la credibilidad de las políticas públicas tanto a nivel nacional como internacional.

Los principales factores que impulsan la transición, como la electrificación, la renovación de edificios, la adaptación y la formación, requieren una acción coordinada entre ministerios, organismos reguladores, comunidades autónomas, autoridades locales y actores privados. Por lo tanto, los resultados podrían verse afectados por problemas de gobernanza y coordinación.

Para fomentar la ejecución en toda la economía, España podría reforzar la supervisión de la implementación del PNIEC y de otros planes relacionados con la transición energética. Para ello, sería necesario establecer revisiones periódicas y estructuradas de los avances, orientadas de forma específica en los resultados y respaldadas por evaluaciones independientes y mecanismos de corrección predefinidos. De acuerdo con las obligaciones de elaboración de informes existentes a nivel nacional y de la UE, dichas revisiones ayudarían a identificar de manera temprana las deficiencias en la implementación, a distinguir los problemas estructurales de los retrasos temporales y a facilitar un ajuste oportuno cuando los resultados difieran de la planificación acordada. España podría tomar como referencia para estas revisiones al Comité de Cambio Climático del Reino Unido, un organismo de control independiente y de carácter legal que supervisa el cumplimiento de los objetivos climáticos y energéticos, informa con regularidad al Parlamento y proporciona las respuestas oficiales del Gobierno («cumplir o dar explicaciones»). También podría seguir el ejemplo de Países Bajos, donde las evaluaciones independientes de la implementación de las políticas climáticas y energéticas realizadas por la Agencia de Evaluación Medioambiental de los Países Bajos se incorporan sistemáticamente a la toma de decisiones del Gobierno, lo que permite reforzar de forma oportuna las políticas mediante paquetes de medidas adicionales (paquetes de medidas climáticas) siempre que los resultados se puedan ver comprometidos.

Además, España debería considerar seguir reforzando la coordinación estructurada entre los distintos niveles de gobierno y aumentar la rendición de cuentas de las autoridades regionales respecto a las competencias y responsabilidades que estos organismos ya tienen. Esto reviste especial importancia dado el papel clave que desempeñan las comunidades autónomas en la tramitación de autorizaciones, el despliegue de infraestructuras, la renovación de edificios y la oferta de formación. Una coordinación más estructurada reduciría las trabas en la implementación, mejoraría la rendición de cuentas y garantizaría que las prioridades nacionales se llevaran a cabo de forma efectiva en todo el territorio. España podría inspirarse en el modelo de Dinamarca, cuya experiencia, aunque a una escala mucho menor, pone de relieve las ventajas de asignar con claridad las responsabilidades a las autoridades subnacionales. Esto ha contribuido a que los objetivos nacionales de Dinamarca se pongan en práctica de forma coherente por todo su territorio, en especial, en sectores que dependen de las infraestructuras, como la calefacción y la construcción.

Un crecimiento más rápido de la demanda de electricidad puede aprovechar el potencial de la rápida expansión de la generación eléctrica renovable en España, en particular, al aumentar la utilización de las renovables y reducir las restricciones, lo que incrementaría la estabilidad de la red y disminuiría los costes totales del sistema energético. La electrificación de la industria ofrece una oportunidad de especial relevancia, ya que puede aportar una demanda flexible capaz de adaptarse a las necesidades del sistema eléctrico. Sin embargo, la aceleración de la electrificación en toda la economía dependerá, en última instancia, de la asequibilidad de la electricidad.

Por lo tanto, con el fin de incentivar la electrificación, España debería tratar de reducir los impuestos sobre la electricidad y eliminar los gravámenes no relacionados con el suministro de energía de la factura eléctrica. En este contexto, debería considerar la posibilidad de convertir en permanentes determinadas medidas temporales previstas en el Real Decreto-ley 7/2026, incluida la reducción del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7 %, tal y como tiene previsto el Gobierno español (reducción parcial en 2027 y total en 2028), y del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), del 5,113 %. Además, reequilibrar la carga fiscal entre los distintos vectores energéticos reforzaría los incentivos para sustituir combustibles fósiles por electricidad al reflejar mejor las prioridades de descarbonización y los costes subyacentes del sistema. Dichas reformas deberían ir acompañadas de evaluaciones exhaustivas de sus posibles repercusiones en la asequibilidad, la competitividad industrial y las finanzas públicas, y podrían requerir una implantación gradual para garantizar la previsibilidad, limitar los efectos distributivos negativos y mantener el respaldo social y político. Numerosos países que se encuentran en una situación similar ya han puesto en marcha reformas de este tipo. Por ejemplo, Finlandia redujo de forma gradual el impuesto sobre la electricidad para determinados grupos de usuarios industriales hasta el tipo mínimo de la UE, de 0,5 EUR/MWh, como parte de su reforma fiscal energética, a la vez que aumentó la carga fiscal sobre los combustibles fósiles.

España debería seguir priorizando la tramitación de los refuerzos de la red, que permiten la electrificación de la industria y la conexión de nuevas cargas. No obstante, dado que la capacidad disponible no suele ser el problema (el 35 % de los nudos de la red de transporte disponía de capacidad de acceso firme en octubre de 2026), resulta especialmente importante acelerar la ejecución de los proyectos autorizados y mejorar los procedimientos de acceso y conexión. Esto debería complementarse con un mayor aprovechamiento de los mapas de capacidad introducidos en 2026, ajustándolos según sea necesario, y garantizando que sean transparentes, se actualicen periódicamente y resulten fáciles de utilizar para orientar las decisiones de inversión. Las reformas que se están llevando a cabo para introducir modalidades de acceso flexible constituyen un avance prometedor y también podrían ampliarse. Al mismo tiempo, el país podría aprovechar en mayor medida los mecanismos de asignación, como los concursos de capacidad de acceso y los criterios de priorización establecidos en el Real Decreto-ley 7/2026, con el fin de garantizar que, en los casos en que exista escasez, la capacidad de red se destine a los proyectos que aporten el mayor valor social.

La transición en el sector del transporte sigue siendo limitada y existe el riesgo de que su adopción se concentre en las grandes ciudades y en los hogares con mayores ingresos. Para acelerar los avances será necesario reforzar el enfoque integral de España en materia de movilidad sostenible, combinando la reducción de la demanda, señales de precios más claras, un desarrollo coordinado de infraestructuras y medidas específicas para los sectores más rezagados.

Seguir mejorando mediante el aumento de las inversiones en la accesibilidad del transporte público y el fomento de su uso es eficaz y eficiente. España debería redoblar los esfuerzos para impulsar un cambio modal, en particular, del uso del coche privado y los vuelos nacionales hacia el tren y otros medios de transporte colectivo. La inversión continua en servicios ferroviarios de alta calidad, con precios competitivos y una oferta horaria adecuada, incluso en trayectos de corta y media distancia, puede reducir la demanda de petróleo, aliviar la presión sobre la infraestructura vial y mejorar la conectividad. Además de reforzar los servicios ferroviarios, España podría impulsar su iniciativa legislativa para restringir los vuelos nacionales cortos cuando existan alternativas competitivas en tren. Para ello, podría seguir el ejemplo de Francia, que prohíbe las rutas aéreas nacionales con alternativas directas en tren de menos de 2,5 horas.

Según el borrador del Marco de Acción Nacional para consolidar una red integral de recarga eléctrica y combustibles alternativos en el transporte, el país ha registrado un sólido avance en electromovilidad, con una rápida expansión de los puntos de recarga de acceso público y de la adopción del vehículo eléctrico. No obstante, sigue siendo importante garantizar la eficacia de los programas de ayudas al vehículo eléctrico. Aunque España ha introducido importantes incentivos económicos, su impacto dependerá de una comunicación clara, de la accesibilidad y de su aplicación oportuna. Reforzar las señales de precios contribuiría a impulsar aún más su adopción. Esto podría incluir el aumento de la diferencia fiscal entre los vehículos con motor de combustión interna y los vehículos eléctricos, especialmente en el caso de las flotas de vehículos de empresa. A la hora de elaborar su plan nacional de despliegue de la infraestructura de recarga, España podría seguir el ejemplo de iniciativas ya existentes, como la Agenda Nacional de Infraestructura de Carga de los Países Bajos. El plan debería tener como objetivo mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las partes interesadas, y proporcionar un marco claro para la recarga en corredores, el despliegue urbano y rural, la planificación de la conexión a la red y la interoperabilidad, a la vez que contribuye a subsanar las deficiencias que aún existen en materia de cobertura y fiabilidad.

Es necesario prestar especial atención a los sectores donde la electrificación aún está poco desarrollada, en particular, el transporte pesado y la recarga en el lugar de trabajo. Para descarbonizar el transporte por carretera más allá de los turismos, se requerirán medidas específicas para autobuses, vehículos de mercancías y flotas comerciales, incluidas infraestructuras y ayudas adaptadas. Impulsar la recarga en el lugar de trabajo puede facilitar aún más el acceso, en particular, a quienes no disponen de opciones de recarga en casa, a la vez que fomenta patrones de recarga que se ajustan mejor a los periodos de mayor generación de energía renovable.

Otras iniciativas y programas innovadores podrían ampliar aún más las opciones de descarbonización del transporte para determinados tipos de usuarios. España puede aprovechar las medidas incluidas en el borrador de su Plan Social para el Clima con el fin de fomentar la adopción del vehículo eléctrico entre los colectivos vulnerables mediante ayudas específicas para que autónomos y microempresas puedan adquirir vehículos eléctricos ligeros, así como para la electrificación y renovación de las flotas comerciales y de vehículos pesados.

A medida que los edificios se renueven, las políticas públicas deberían favorecer en mayor medida la instalación de bombas de calor u otras soluciones de bajas emisiones. Esto contribuiría a desincentivar la inversión en sistemas basados en combustibles fósiles que entrañan el riesgo de dependencia a largo plazo. Algunas de estas medidas ya se han incluido en el Real Decreto-ley 7/2026. Las señales claras y con visión de futuro mejoran la seguridad de la inversión para hogares, instaladores y fabricantes. Además, facilitan la descarbonización de los edificios de viviendas plurifamiliares, evitan la dependencia de los combustibles fósiles y contribuyen a que las decisiones en materia de construcción se ajusten a los objetivos de España de lograr un parque inmobiliario libre de emisiones para 2050. Los instrumentos de financiación existentes ya ofrecen la base para este enfoque, pero podrían aprovecharse aún más para apoyar la electrificación a gran escala. Además de reequilibrar la fiscalidad, tal y como se expone en la Recomendación 2, el Gobierno podría plantearse endurecer las restricciones relativas a la instalación de calderas de gas y de productos petrolíferos en edificios nuevos y renovados, teniendo en cuenta al mismo tiempo el impacto sobre la asequibilidad y ofreciendo ayudas específicas cuando sea necesario. El desarrollo actual de las políticas públicas de Irlanda en este ámbito podría servir como una valiosa referencia.

Al mismo tiempo, garantizar que los beneficios de las renovaciones de edificios sean socialmente inclusivos debe seguir siendo una prioridad. España debe mantener el apoyo a los hogares vulnerables, en particular, mediante la puesta en marcha del próximo Plan Social para el Clima y el acceso al Fondo Social para el Clima de la UE. Los programas de renovación específicos para hogares con bajos ingresos y vulnerables energéticamente, combinados con procedimientos administrativos simplificados y un apoyo adaptado a sus necesidades, pueden lograr reducciones duraderas tanto en la demanda energética como en las facturas de energía y, a la vez, mejorar el bienestar. Estas medidas complementarían los mecanismos existentes de protección de los consumidores y reducirían la exposición de los hogares a la volatilidad de los precios de la energía a largo plazo. Reforzar aún más el papel de las ventanillas únicas contribuiría a informar a la ciudadanía sobre las opciones disponibles, facilitar el acceso a los incentivos financieros y ayudarles en todos los aspectos administrativos y prácticos relacionados con el proceso de renovación.

Por último, España podría reforzar su sistema nacional de ahorro energético con el fin de impulsar mejor el aumento de la eficiencia a largo plazo en la renovación de viviendas. Aunque los Certificados de Ahorro Energético (CAE) se han convertido en una importante herramienta para las políticas públicas, tienden a favorecer medidas con efectos inmediatos, lo que los hace más adecuados para la industria que para las viviendas. Los hogares se enfrentan a barreras persistentes, como los elevados costes iniciales y los largos plazos de amortización, sobre todo en el caso de renovaciones de mayor envergadura. Además del sistema CAE, las ayudas específicas para grandes renovaciones, junto con una mayor capacidad de ejecución del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), podrían acelerar los proyectos residenciales integrales, especialmente en edificios plurifamiliares. Estas medidas deberían ir acompañadas de una supervisión y una evaluación rigurosas. España debería así mismo evaluar en detalle el impacto del ajuste introducido en el sistema CAE en respuesta a la crisis mediante el Real Decreto-ley 7/2026 y seguir fomentando la sustitución de las calderas de combustibles fósiles por bombas de calor mediante instrumentos de ayuda específica adecuados.

La transición energética supone también una transición para los trabajadores, las empresas y las instituciones. Aunque genera oportunidades de empleo, la escasez de mano de obra cualificada y las limitaciones de capacidad administrativa pueden dificultar que España alcance sus objetivos energéticos y climáticos de forma oportuna y rentable. El país ya ha dado pasos importantes para hacer frente a estos retos, pero el ritmo, la magnitud y el carácter intersectorial de la transición energética exigen ahora un enfoque más integrado, con visión de futuro y basado en datos para planificar la mano de obra tanto en el sector público como en el privado.

España debería considerar reforzar el seguimiento, basado en datos, de las competencias pertinentes para la transición energética, con el fin de fundamentar de forma sistemática el diseño y la aplicación de las políticas públicas. Esto debería basarse en información actualizada sobre el mercado laboral, el análisis de las necesidades actuales y previstas en todos los sectores y regiones, y la vinculación explícita de la planificación de la mano de obra con los objetivos y plazos establecidos en el PNIEC, el Plan Nacional de Renovación de Edificios, el Plan Social para el Clima y los marcos de planificación del sistema eléctrico. Una coordinación aún más estrecha entre las autoridades regionales y las autoridades competentes en materia de energía, empleo y educación contribuiría a garantizar que las políticas formativas respondan de forma dinámica a las necesidades cambiantes y a reducir los desajustes entre la formación proporcionada y las necesidades derivadas de las carteras de proyectos.

En paralelo, España debería seguir ampliando y adaptando los programas de mejora de las competencias y de reciclaje profesional, con especial atención a los sectores en los que aumentan los riesgos para la ejecución, en particular la construcción, el transporte, la electrificación y la eficiencia energética. Acelerar la renovación y la electrificación requerirá un aumento rápido del número de personal cualificado en instalación, electricidad, auditoría energética, construcción y dirección de obra, mientras que la expansión y la digitalización de la red eléctrica exigirán perfiles técnicos más especializados. La experiencia de España con el abandono gradual del carbón y las políticas de transición justa proporciona una base sólida para esta labor y pone de relieve la importancia de una planificación proactiva de la mano de obra, un enfoque territorial y una implicación continua de las partes interesadas. Llevar estas experiencias más allá de las regiones mineras y aplicarlas a otros sectores afectados por la descarbonización ayudará a anticipar las disrupciones en el mercado laboral, apoyar la movilidad y el reciclaje profesional y promover una transición justa e inclusiva.

Por último, el Gobierno debería abordar las limitaciones de recursos humanos en el sector público, ya que podrían convertirse en un factor limitante para la transición energética. El Gobierno desempeña un papel esencial en la gestión y el impulso de la transición, en especial, a través de la tramitación de autorizaciones, las evaluaciones ambientales, los permisos de conexión a la red y la supervisión regulatoria. Se prevé que este papel cobre aún más importancia debido a los cambios legislativos en la tramitación de autorizaciones y las solicitudes de conexión a la red, que exigen una evaluación más detallada de los proyectos y un seguimiento más exhaustivo de los procesos de desarrollo. Garantizar una dotación de personal adecuada en el sector público, junto con una formación específica para las autoridades reguladoras y responsables de la tramitación de autorizaciones, contribuiría a reducir las trabas, mejorar la previsibilidad para inversores y promotores de proyectos y favorecería el cumplimiento oportuno de los objetivos energéticos y climáticos del país.

La electrificación de la demanda y el cambio estructural que supone la progresiva reducción de los combustibles fósiles, incluido el gas natural, son dos factores importantes de la transición energética española. El PNIEC de España prevé un aumento significativo de la demanda eléctrica en los próximos años, hasta alcanzar alrededor del 35 % del consumo total de energía final en 2030. A medida que avance la electrificación de los edificios, el transporte y la industria, y se reduzca el consumo total de energía gracias a las mejoras de eficiencia, se espera una disminución de la demanda de gas natural. Ambas tendencias no son independientes, sino más bien dos aspectos de un mismo proceso de transformación del sistema energético. A esto se suma la creciente importancia de los gases de bajas emisiones, ya que el despliegue del hidrógeno y otros gases renovables requiere de decisiones coordinadas sobre la infraestructura de transporte, los puntos de conexión, el almacenamiento y los usos finales.

En la actualidad, estas dinámicas interrelacionadas no se reflejan lo suficiente en los marcos institucionales. Aunque instrumentos estratégicos como el PNIEC ofrecen una visión integrada, esto no se traslada de forma sistemática a la planificación conjunta de las infraestructuras, a las decisiones operativas ni a los marcos de inversión. La planificación de los sistemas eléctricos y gasistas sigue desarrollándose en gran medida de forma independiente, dirigida por operadores distintos y regida por marcos regulatorios diferentes. Como consecuencia, los reguladores y operadores del sistema corren el riesgo de tomar decisiones basadas en hipótesis que no estén totalmente alineadas. Esto puede dar lugar a inversiones poco eficientes, activos varados y riesgos para la seguridad del suministro.

España debería avanzar hacia una planificación más coordinada de las infraestructuras energéticas, que involucre de forma activa al regulador, a los operadores de los sistemas y a las principales partes interesadas de los sectores de la electricidad, el gas, el hidrógeno y otros gases renovables. Dado que el Gobierno español está creando la estructura necesaria para lograr una planificación integrada, debería garantizar que este enfoque se refleje adecuadamente en el marco regulatorio, para facilitar una coordinación efectiva entre los distintos sectores energéticos. El Gobierno debería considerar la posibilidad de establecer un marco formal para la planificación conjunta y la coordinación entre los operadores de los sistemas eléctrico y gasista (REE y Enagás), basado en escenarios compartidos a largo plazo y en mecanismos estructurados de coordinación que permitan alinear el desarrollo de las redes, las necesidades de flexibilidad y las decisiones de inversión en los sectores de la electricidad, el gas y los vectores energéticos emergentes. Asimismo, será de especial importancia clarificar las responsabilidades operativas y financieras a largo plazo, así como las relativas al desmantelamiento de infraestructuras, a medida que disminuya la demanda de gas natural.

Unas directrices claras permitirán adaptar la infraestructura gasista a las necesidades cambiantes del sistema, con una asignación transparente de los costes y una pronta definición de las vías de reconversión o retirada de activos. En general, un enfoque de planificación más integrado y coordinado mejoraría la previsibilidad, reduciría los riesgos de la transición y favorecería una evolución rentable del sistema energético, garantizando la seguridad energética tanto a corto como a largo plazo.

La energía nuclear es una fuente de electricidad de bajas emisiones que proporciona capacidad firme y estable, y contribuye a la seguridad del suministro al reducir la dependencia de las importaciones de gas natural. Aunque no suele ser adecuada para el control dinámico de tensión, la energía nuclear contribuye a la estabilidad del sistema como fuente de generación síncrona, favoreciendo el funcionamiento seguro y fiable de la red eléctrica.

En 2025, el Congreso de los Diputados aprobó una moción para que el Gobierno reconsiderara el calendario de cierre de las centrales nucleares. Por esas mismas fechas, el operador de la central nuclear de Almaraz solicitó formalmente una prórroga de tres años para su operación, hasta 2030. En agosto de 2026, el Gobierno aprobó esta prórroga, alegando incertidumbre en los mercados energéticos internacionales y la necesidad de mitigar la exposición de los consumidores a la volatilidad de los precios. España debería partir de este precedente y seguir desarrollando un marco transparente de evaluación que sirva de base para adoptar decisiones de aprobación caso por caso. Estas decisiones deberían fundamentarse en criterios relativos a la seguridad (garantizada por el organismo regulador), la adecuación desde el punto de vista de la seguridad energética, y los costes y beneficios tanto para los consumidores como para el sistema eléctrico. Los impuestos y gravámenes asociados a la energía nuclear deberían garantizar que el marco económico reconozca tanto la contribución de la energía nuclear al sistema energético como los costes asociados a sus externalidades, como la gestión de residuos y los costes de desmantelamiento.

Por último, el Gobierno debería establecer una perspectiva de planificación a largo plazo de las necesidades de personal que refleje sus decisiones sobre las prórrogas de operación y el eventual cierre de las centrales nucleares. De este modo, se contribuiría a preservar la mano de obra cualificada y la gestión del conocimiento en toda la cadena de suministro nuclear, y se ayudaría a garantizar que las competencias relacionadas con la energía nuclear se reorientaran de manera efectiva hacia otras partes del sistema energético y de la economía en su conjunto.

Al reforzar el papel de la generación nacional de bajo coste, la rápida expansión de la energía solar fotovoltaica ha aportado importantes beneficios para la seguridad del suministro eléctrico, la asequibilidad y la descarbonización en España. Sin embargo, también ha dado lugar a una cartera de renovables estructuralmente desequilibrada y cada vez más expuesta a la caída de los precios de captura, característica de los sistemas con una elevada penetración de energía solar. Si no se abordan estas tendencias, podrían debilitar la viabilidad económica de los proyectos, ralentizar la incorporación de nueva capacidad más allá del corto plazo y ejercer una presión adicional sobre el objetivo de España de alcanzar un 81 % de generación eléctrica renovable en 2030.

España necesita reorientar sus políticas públicas hacia un marco más diversificado y orientado al sistema. Debería darse mayor prioridad a las tecnologías eólicas, híbridas y de almacenamiento, junto con medidas para aumentar la electrificación. Esto debería reflejarse en los próximos concursos de capacidad de acceso a la red eléctrica, en el diseño de futuras subastas eléctricas y en acuerdos de mercado más amplios. Unos mecanismos de apoyo bien diseñados podrían contribuir a orientar la inversión hacia los proyectos que aporten mayores beneficios al sistema. En este contexto, y teniendo en cuenta el aumento previsto de la demanda, España podría introducir una subasta competitiva específica para adjudicar contratos por diferencia a proyectos híbridos que combinen energía eólica, solar y de almacenamiento. Esto mejoraría la financiabilidad de los proyectos y su valor para el sistema.

Las medidas adoptadas en 2025 y 2026 para acelerar la tramitación de autorizaciones y permisos, apoyar la repotenciación, promover la flexibilidad y eliminar las barreras para las instalaciones que combinan generación renovable y almacenamiento suponen un avance en la dirección adecuada. Ahora, la prioridad es garantizar que estas reformas se traduzcan en una ejecución más rápida de los proyectos, en procedimientos de acceso a la red más claros y en una mayor coordinación entre las autoridades competentes en materia de autorizaciones y permisos. Esto será especialmente importante para los proyectos eólicos, de almacenamiento e híbridos, que suelen afrontar plazos de desarrollo más largos, requisitos de autorización más complejos y mayores retos de aceptación social que los proyectos de energía solar fotovoltaica.

España debería seguir implementando todas las ambiciosas medidas recogidas en el Real Decreto-ley 7/2026. Entre ellas se incluyen la designación y el desarrollo activo de las Zonas de Aceleración Renovable, la plataforma digital para la tramitación de autorizaciones que mejore la coordinación entre autoridades, la agilización de los plazos judiciales y administrativos, y la promoción de medidas concretas para facilitar la repotenciación eólica y los proyectos híbridos, incluida la hibridación de proyectos con almacenamiento en baterías. Estos esfuerzos deberían sustentarse en la plena aplicación de la Directiva Europea de Energías Renovables (DER III), incluido el principio de que los proyectos de energías renovables puedan considerarse de interés público superior. Asimismo, unos mecanismos más sólidos de reparto de beneficios a nivel local y de participación de las comunidades en la propiedad de los proyectos contribuirían a reforzar la aceptación pública y a asegurar la licencia social necesaria para la próxima fase de inversión en renovables y flexibilidad.

España debería seguir incentivando el despliegue de instalaciones de almacenamiento que aporten valor al sistema, incluidas las baterías a escala de red, y los proyectos renovables híbridos o con almacenamiento co-ubicado, con el fin de reducir la congestión, aumentar el valor para el sistema de la generación renovable y reforzar la seguridad del suministro eléctrico. Para ello, es necesario aplicar plena y eficazmente las medidas adoptadas recientemente en materia de política energética, incluido el marco de flexibilidad y las reformas de acceso a la red introducidas mediante el Real Decreto-ley 7/2026.

España podría aprovechar la experiencia internacional de otros países que afrontan necesidades similares de flexibilidad del sistema. Un ejemplo es Australia, donde los sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías, especialmente las que tienen capacidad de formación de red, se han expandido rápidamente gracias a incentivos públicos específicos y a la contratación de servicios del sistema. España también debería garantizar que los recursos de almacenamiento se reconozcan y remuneren plenamente a través de su mercado de capacidad, tal y como contempla la propuesta del Gobierno. Esto reflejaría su contribución a la adecuación, la fiabilidad y la capacidad máxima del sistema, y proporcionaría señales de inversión a largo plazo.

España también podría aprovechar su sólido marco de autoconsumo tomando como referencia el programa australiano Cheaper Home Batteries (baterías domésticas más baratas). Este enfoque sería coherente con los esfuerzos en curso del país para modernizar su marco de autoconsumo, incluidas las recientes propuestas regulatorias destinadas a facilitar la integración del almacenamiento distribuido mediante baterías. Un régimen de apoyo claro, de ámbito nacional y de fácil acceso para las baterías residenciales que ofrezca incentivos previsibles y por adelantado ayudaría a movilizar la flexibilidad de los hogares y complementaría las inversiones en almacenamiento a gran escala. Esto reforzaría la resiliencia del sistema y mejoraría la gestión de la demanda punta, a la vez que aumentaría la participación de los consumidores en la transición energética.

Para movilizar la respuesta de la demanda en los sectores de la industria, los edificios y el transporte, España debería mejorar el diseño de las tarifas de red, garantizando que los cargos de red reflejen mejor las condiciones del sistema. También debería mejorar los mecanismos de tarificación dinámica, reforzar el papel de los agregadores independientes y adaptar los marcos regulatorios para facilitar la participación de los distintos sectores, a la vez que reduce las trabas administrativas. Otros países con una elevada participación de energías renovables variables en su matriz eléctrica han hecho grandes avances en este sentido. Por ejemplo, en Noruega, las tarifas minoristas reflejan la evolución horaria del mercado y, de este modo, se aprovecha el potencial de flexibilidad de la respuesta de la demanda.

Las interconexiones, además de aumentar la resiliencia, pueden desempeñar un papel importante a la hora de respaldar el funcionamiento flexible del sistema eléctrico. España debería continuar trabajando para reforzar las interconexiones existentes y desarrollar nuevos proyectos cuando sea viable desde el punto de vista económico, profundizando en la integración regional para contribuir al balance del sistema, la seguridad del suministro y una descarbonización rentable. Se debe prestar especial atención a los proyectos de interconexión más desarrollados y viables a corto plazo, así como a los que se encuentran actualmente en proceso de construcción. La madurez y la capacidad de ejecución deberían ser los criterios determinantes.

España debería seguir reforzando la gobernanza, la supervisión y el cumplimiento regulatorio entre todos los agentes del sistema eléctrico, incluidos los operadores de las redes de transmisión y distribución, los productores y otros participantes del mercado. Esto debería incluir la aplicación y el cumplimiento coherentes de los códigos de red, una mayor responsabilidad del operador del sistema en la estabilidad de la red y mecanismos de coordinación mejorados, tanto en condiciones normales de operación como en situaciones de emergencia. Las autoridades reguladoras deberían seguir reforzando sus conocimientos técnicos internos para poder supervisar eficazmente la evolución de las necesidades del sistema, las tecnologías y el uso de la red, a la vez que facilitan inversiones rentables.

El endurecimiento de la regulación de tensión y de los requisitos técnicos mínimos de conexiones a la red será esencial para garantizar que los recursos contribuyan adecuadamente al control de tensión y frecuencia, particularmente en el caso de la generación basada en inversores y el almacenamiento. Esto incluye la actualización de los códigos de red para reflejar las condiciones del sistema en situaciones de elevada generación de energía renovable y en previsión de la futura integración de grandes cargas variables. También será importante garantizar el cumplimiento de la normativa tanto por los activos existentes como por los nuevos. Las reformas regulatorias que se están llevando a cabo en España, destinadas a adaptar los requisitos técnicos a las necesidades de un sistema eléctrico cada vez más descarbonizado y basado en renovables, ya han supuesto importantes avances en este sentido.

Por último, el Gobierno debería seguir supervisando la implementación de la planificación de la red y el despliegue de inversiones específicas en tecnologías destinadas a reforzar la estabilidad de la red, como los compensadores síncronos y la electrónica de potencia avanzada, cuando los análisis del sistema detecten problemas de estabilidad a nivel local o regional. Un buen ejemplo es la modificación de la planificación actual que se está llevando a cabo para acelerar la implantación de este tipo de dispositivos. El despliegue estratégico de estos activos puede contribuir a mantener la inercia, la corriente de cortocircuito y la solidez del sistema a medida que se retira la generación síncrona convencional. Al mismo tiempo, las inversiones en medidas de resiliencia y estabilidad deben ir acompañadas de rigurosos análisis coste-beneficio para asegurar que sean proporcionadas, eficientes y específicas para los riesgos identificados. Unos marcos de evaluación transparentes pueden ayudar a gestionar los impactos en los consumidores de electricidad y en la industria, a la vez que salvaguardan la fiabilidad del sistema y la confianza pública.