Resumen ejecutivo

España ha avanzado decididamente en la transformación de su sistema energético. Entre 2015 y 2025, ha duplicado con creces la capacidad de generación eléctrica renovable hasta alcanzar alrededor de 119 GW y ha mejorado la intensidad energética en un 2,4 % anual de media. Además, ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente una quinta parte entre 2015 y 2024. Estos avances reflejan un marco estratégico e institucional ambicioso que se basa en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y en políticas bien definidas para acelerar la electrificación, la descarbonización y la adaptación al cambio climático. La dimensión social es un rasgo característico de la estrategia energética de España, que se articula, entre otras vías, a través del Instituto para la Transición Justa y medidas diseñadas para vincular la inversión en energía limpia con el empleo, el desarrollo regional y la inclusión social.

La transición energética está ayudando a mejorar la seguridad y la competitividad. Durante 2024, España tuvo que importar casi el 70 % de la energía total consumida, pero la rápida descarbonización del sector eléctrico está reduciendo esta dependencia. La electricidad renovable generada en el país aumentó del 35 % de la generación eléctrica total en 2015 al 56 % en 2025, y el conjunto de todas las fuentes de bajas emisiones representó en torno al 75 %. El aumento de la cuota de energías renovables competitivas a nivel nacional permitió a España reducir su exposición a fluctuaciones bruscas de los precios de los combustibles fósiles y disminuyó sus precios mayoristas de la electricidad. El beneficio en términos de seguridad energética es considerable: sin el aumento de la capacidad renovable instalada entre 2011 y 2024, las importaciones de gas natural en 2024 habrían sido casi un 40 % mayores. Durante el mismo periodo, el crecimiento de la energía eólica y solar evitó unos costes acumulados de importación de gas estimados en 26 000 millones USD.

Aunque España progresa en su transición energética, siguen existiendo retos. España ha demostrado su capacidad para desplegar generación limpia a gran escala. Ahora, el reto principal consiste en convertir la transformación del suministro eléctrico en una transición de la economía en su conjunto. Al igual que en muchos países miembros de la AIE, el sector del transporte supone un desafío importante. Las emisiones en este sector aumentaron cerca de un 8 % entre 2015 y 2024. Aunque se avanza en la rehabilitación energética de viviendas, la calefacción basada en combustibles fósiles sigue estando muy extendida en el sector de la edificación. En la industria, la electrificación, el calor renovable y los combustibles de bajas emisiones de carbono ofrecen oportunidades importantes, pero los elevados costes iniciales y la incertidumbre sobre la demanda e infraestructuras futuras frenan la inversión. En los tres sectores de uso final, unos precios de los combustibles fósiles relativamente bajos en comparación con los de la electricidad reducen la rentabilidad del cambio.

Reequilibrar las señales de precios de las distintas fuentes de energía puede impulsar la transformación de la demanda. Acelerar la electrificación de los distintos sectores es una de las prioridades principales para España. El consumo de electricidad, que representó en 2024 el 25 % del consumo de energía final, sigue estando muy por debajo del objetivo nacional del 35 % fijado para 2030. La elevada capacidad de generación renovable en España da lugar a unos precios mayoristas en el mercado spot relativamente bajos en comparación con otros países similares, pero los impuestos, los gravámenes y los peajes de red mantienen altos los precios para el consumidor final. Al mismo tiempo, estos componentes del coste son mucho más bajos en el caso de los combustibles fósiles, lo que reduce el incentivo para que los hogares, las empresas y la industria opten por soluciones eléctricas, incluso cuando estas son más limpias y eficientes. Modificar cuidadosamente la carga fiscal y otros gravámenes sobre la electricidad, protegiendo al mismo tiempo a los consumidores más vulnerables, haría más atractiva la electrificación de la demanda, mejoraría la competitividad de la economía y permitiría aprovechar plenamente los beneficios de la generación eléctrica renovable de bajo coste.

A medida que el sistema eléctrico se transforma, la estabilidad de la red eléctrica se está convirtiendo en un reto clave para la política energética. Quienes formulan las políticas públicas deben garantizar que la planificación y la infraestructura de red, así como la operación del sistema se adapten a la evolución de la matriz de generación eléctrica. Acontecimientos recientes, como el apagón de abril de 2025, ponen de relieve la necesidad de reforzar la resiliencia del sistema.

España ha puesto en marcha reformas importantes en relación con la operación del sistema eléctrico, incluyendo una mayor supervisión, la actualización de procedimientos de operación y la autorización de inversiones adicionales en tecnologías de red. Mantener la estabilidad de la frecuencia, tensión e inercia de un sistema eléctrico en transformación dependerá de la aplicación rigurosa de estas medidas. También exigirá seguir prestando atención especial a la planificación del sistema y reforzar la gobernanza para adaptarse en todo momento a las circunstancias cambiantes.

El papel creciente de la generación renovable, de carácter variable, hace que la flexibilidad sea crucial para la gestión del sistema eléctrico. El almacenamiento es necesario para aprovechar el exceso de generación y utilizarlo en los periodos de mayor demanda. Una mayor capacidad de interconexión permitiría a España mejorar su propia seguridad en el suministro y, al mismo tiempo, exportar sus excedentes para abastecer a otros mercados europeos. La flexibilidad de la demanda, que incluye la recarga inteligente, la agregación y la gestión de la demanda industrial, puede reducir los costes del sistema y para los consumidores. España ha dado pasos decisivos en esta dirección mediante ayudas económicas, el reconocimiento legal del almacenamiento como recurso de flexibilidad del sistema y la modernización de las normas de funcionamiento de la red, que reflejan mejor la importancia del almacenamiento y de la flexibilidad de la demanda. Esto está dando lugar a un crecimiento de los activos de flexibilidad. Medidas adicionales, como el refuerzo de los incentivos para una tarificación dinámica, podrían acelerar aún más este avance.

Es necesario intensificar los esfuerzos para garantizar una matriz de suministro de energía renovable más equilibrada. Si bien las medidas adoptadas para asegurar la estabilidad y aumentar la flexibilidad del sistema son esenciales para las próximas fases de la transición energética, medidas adicionales en relación con la generación eléctrica también pueden ayudar a superar los retos. La energía solar fotovoltaica representó alrededor del 40 % de la capacidad eléctrica renovable total y supuso más del 90 % del aumento de la capacidad renovable en 2025. El ritmo de este despliegue ha sido impresionante, pero un sistema en el que predomina el aumento de la capacidad solar corre el riesgo de aumentar los vertidos, canibalizar los precios y debilitar las señales para nueva inversión. Una mayor proporción de energía eólica permitiría a España integrar más renovables en su sistema eléctrico, y protegería su viabilidad económica a futuro.

La complejidad en la tramitación de autorizaciones y los retos relacionados con la aceptación social podrían ralentizar el desarrollo futuro de las renovables, en especial, de la energía eólica. Hacer frente a estas dificultades mediante el esfuerzo continuo por agilizar los procesos de tramitación de autorizaciones, garantizar que los proyectos de energías renovables compartan sus beneficios con las comunidades locales y aumentar la participación de las partes interesadas será esencial para mantener el crecimiento de la capacidad eléctrica renovable al ritmo necesario para atender el crecimiento esperado de la demanda.

El cierre escalonado de las centrales nucleares previsto entre 2027 y 2035 tendría un impacto importante en la seguridad del suministro energético y en la descarbonización de España. Las centrales nucleares proporcionan electricidad fiable y con bajas emisiones de carbono, y contribuyen al buen funcionamiento del sistema eléctrico. Una gestión adecuada para el cierre escalonado de la generación nuclear de forma segura y asequible exige garantizar que la generación renovable, la flexibilidad del sistema y los recursos de estabilidad se hayan implementado e integrado a tiempo, así como considerar las dinámicas geopolíticas y económicas más amplias y los riesgos asociados. La aprobación de las solicitudes de prórroga de los operadores podría proporcionar una solución transitoria eficiente en costes.

Como en muchos países, la capacidad de implementación es ahora tan importante como la ambición política. Un enfoque de planificación integrado, con revisiones periódicas de los avances vinculadas a medidas correctivas y una mayor cooperación entre ministerios, regiones, autoridades locales, reguladores y operadores, puede ayudar a poner en práctica políticas de transición energética amplias y ambiciosas. Las trabas administrativas, en especial, en la tramitación de permisos y autorizaciones y la evaluación de proyectos, pueden ralentizar la implementación. La escasez de mano de obra cualificada para la instalación de renovables, la integración en la red, la construcción y la eficiencia energética también podría limitar el progreso. Reforzar los recursos administrativos y un esfuerzo importante para fomentar la formación y el reciclaje profesional ayudarían al país a convertir sus objetivos en inversiones, infraestructuras y beneficios para los consumidores.

El enfoque de España centrado en las personas constituye un gran activo. El país ha desarrollado marcos avanzados para llevar a cabo una transición justa y luchar contra la pobreza energética con el respaldo de instituciones especializadas y políticas específicas. Sin embargo, la asequibilidad sigue siendo una gran preocupación para muchos hogares. La transición contará con un mayor apoyo público si mejora de forma visible las condiciones de vida, reduce la exposición a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y proporciona a los colectivos vulnerables acceso a tecnologías limpias, viviendas eficientes y movilidad asequible. Seguir centrándose en la renovación selectiva de edificios, el apoyo a la eficiencia energética y programas inclusivos de tecnologías de energía limpia puede proporcionar beneficios sociales duraderos.

En general, este informe concluye que España afronta los próximos años desde una posición de fortaleza estratégica. Ha construido uno de los parques de energía renovable más grandes de los países miembros de la AIE, ha creado un marco de políticas públicas sólido y ha demostrado que sus esfuerzos de descarbonización favorecen la seguridad, la competitividad y la inclusión social. La prioridad ahora debería ser convertir estos cimientos en un sistema energético plenamente integrado, flexible y resiliente. Si España logra acelerar la electrificación, modernizar las redes, potenciar la flexibilidad, gestionar con prudencia el cierre escalonado de las centrales nucleares y mantener la confianza de la ciudadanía y las empresas, podrá pasar de estar a la vanguardia en la descarbonización del sector eléctrico a convertirse en un modelo para la transición energética de toda la economía.