Impulsando la eficiencia

Los países del mundo se enfrentan a una crisis de seguridad y asequibilidad energética que afecta a los hogares, los negocios y los presupuestos públicos. En América Latina, los gastos del hogar en servicios energéticos ocupan el segundo puesto, únicamente detrás del gasto en alimentos. En promedio, la proporción del presupuesto de un hogar que se invierte en energía oscila entre el 7% y el 9% del ingreso, y hasta más del 24% en los hogares más pobres. A medida que los gobiernos implementan medidas de carácter urgente para proteger a sus ciudadanos y asegurar sus economías, es importante considerar soluciones de corto y largo plazo para aliviar la situación actual y reducir los riesgos con el tiempo. Si bien gran parte de la atención se concentra en asegurar las fuentes de energía, es igualmente importante analizar a profundidad el papel que juega una demanda más eficiente y flexible a fin de garantizar energía asequible y confiable.

Existen diversos motivos detrás de este razonamiento. En primer lugar, una de las opciones más rápidas y económicas para situaciones de emergencia de corto plazo es reducir la demanda. En segundo, invertir en tecnologías y prácticas más eficientes puede reducir el riesgo con el tiempo, a la vez que mejora el acceso a los servicios energéticos, genera ahorros y respalda sistemas energéticos eficientes y menos costosos. En tercero, gestionar la demanda al mejorar la eficiencia y hacer las cargas más flexibles es esencial para cumplir con los objetivos de descarbonización de forma rentable.

Décadas de políticas y programas han resultado en ahorros energéticos en todo el mundo. En consecuencia, los sistemas energéticos son más resilientes, las facturas son más bajas y los presupuestos públicos están sujetos a menos presión de la que sufrirían sin estos esfuerzos. Este informe analiza las políticas y programas de eficiencia energética y gestión de la demanda en América Latina, presenta evidencia de los resultados de estos esfuerzos en la mejora de la calidad de vida, los presupuestos públicos, la seguridad energética y el empleo. Asimismo, ofrece una perspectiva de las oportunidades para expandir estos beneficios y apoyar las transiciones energéticas justas.