Un nuevo informe de la AIE señala que las energías renovables ya están reforzando la seguridad energética y la competitividad, al tiempo que reducen los costes de importación de combustibles; no obstante, una aceleración de la electrificación, la modernización de las redes y una mayor flexibilidad del sistema podrían permitir que estos beneficios se extiendan a la economía en su conjunto
La rápida expansión de la energía renovable en España ha fortalecido su seguridad energética y su competitividad. Sin embargo, acelerar la electrificación en sectores como el transporte, los edificios y la industria será fundamental para alcanzar los objetivos energéticos y climáticos del país, según se desprende de una nueva Revisión de la Política Energética publicada hoy por la AIE.
Entre 2015 y 2025, la cuota de las energías renovables en la generación eléctrica de España aumentó del 35% al 56%, mientras que las emisiones disminuyeron aproximadamente un 20%. Estos logros se han visto respaldados por un sólido marco de política energética y climática, así como por un modelo pionero de transición justa, que vincula la inversión en energías limpias con el empleo, el desarrollo regional y la inclusión social.
La creciente cuota de energías renovables en España ya está contribuyendo a reducir los precios mayoristas de la electricidad y a disminuir la dependencia de los combustibles importados. Sin la fuerte expansión de la capacidad renovable, las importaciones de gas natural destinadas a la generación eléctrica habrían sido, en 2024, cerca de un 40% superiores, lo que equivale a 26 000 millones de dólares. No obstante, en 2024, las importaciones siguieron cubriendo casi el 70% del consumo energético total de España, lo que pone de relieve la necesidad de extender la transición más allá de la generación de electricidad.
El informe también destaca que acelerar la electrificación de los usos finales debe ser una prioridad. Actualmente, la electricidad representa solo el 25% del consumo final de energía en España, una cifra muy inferior al objetivo del 35% fijado para 2030. La adopción de vehículos eléctricos sigue siendo relativamente limitada, especialmente en las flotas corporativas, mientras que la calefacción basada en combustibles fósiles continúa estando muy extendida y el sector industrial se enfrenta a elevados costes de inversión inicial.
Una combinación de impuestos, gravámenes y peajes de red mantiene elevados los precios de la electricidad para el consumidor final en España, mientras que los combustibles fósiles están sujetos a cargas fiscales comparativamente menores. El país está tomando medidas para abordar esta situación, entre ellas la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE). Seguir reequilibrando la dinámica nacional de los precios de la energía, al tiempo que se protege a los consumidores vulnerables, podría reforzar los incentivos para que los hogares y las empresas opten por la electrificación, además de ayudar a la industria a aprovechar las ventajas competitivas de la energía renovable.
España ha puesto en marcha reformas para impulsar el almacenamiento y la flexibilidad de la demanda, así como para adaptar las normas de la red a un mix de generación en rápida evolución. Seguir avanzando en la infraestructura y la gestión del sistema eléctrico – junto con un mix más equilibrado de tecnologías eólica, solar e híbrida – permitiría a España integrar una mayor proporción de energía renovable, reforzando al mismo tiempo la seguridad y la resiliencia del suministro eléctrico.
El informe también subraya la importancia de gestionar adecuadamente el cierre escalonado de las centrales nucleares, previsto en los planes actuales, para garantizar la seguridad del suministro. Tras la reciente aprobación de la extensión de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, el informe recomienda establecer un marco transparente para la toma de futuras decisiones caso por caso, que tenga en cuenta los costes y beneficios tanto para los consumidores como para el conjunto del sistema eléctrico.
El decidido avance de España en materia de energías renovables demuestra que su despliegue puede favorecer la seguridad energética, la competitividad y la inclusión social. El informe señala que el próximo reto consiste en transformar estos avances en un sistema energético plenamente integrado, flexible y resiliente. Al acelerar la electrificación, modernizar y optimizar las redes, liberar el potencial de flexibilidad y gestionar adecuadamente el cierre escalonado de las centrales nucleares, España puede aportar lecciones valiosas a otros países que están llevando a cabo procesos similares de transformación energética de la economía en su conjunto.